Una norma educativa no es solo un conjunto de reglas, sino la hoja de ruta para el desarrollo de un país. Sin embargo, en Bolivia, la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez parece haber perdido su brújula: el Tracker de Marketing de Ipsos CIESMORI revela una desconexión crítica entre la normativa vigente y el ciudadano de a pie.
Aquí analizamos por qué el deseo de una reforma radical se ha vuelto una urgencia que no admite más esperas.
El problema del desconocimiento en la opinión pública
La ONU, a través de sus objetivos de desarrollo sostenible, enfatiza que la participación ciudadana es clave para una educación de calidad. No obstante, en Bolivia el conocimiento técnico de la norma es alarmantemente bajo. Solo el 15% de la población afirma conocer la normativa a profundidad.
Si damos un vistazo desde las regiones, el panorama se vuelve más preocupante al evidenciarse una brecha occidente – oriente; pues mientras que en La Paz un 23% conoce la ley a fondo, en Santa Cruz esa cifra cae a un escaso 7%, consolidándola como la ciudad con mayor desconocimiento (65% de su población ignora por completo la normativa).
En caso de centrarnos en la profundidad del conocimiento, es necesario también puntualizar que esta ley está operando bajo la lente del «conocimiento superficial», que se hace evidente con un 43% de los bolivianos admitiendo que solo «ha oído hablar» de la norma, lo que indica que el debate carece de una base informada sólida.
En cuanto a la perspectiva de género, las mujeres (18%) demuestran un mayor conocimiento profundo de la ley y sus efectos en comparación con los hombres (12%).
¿Quiénes piden el cambio?
La UNESCO advierte que las políticas educativas deben ser dinámicas para adaptarse a los cambios del siglo XXI. En Bolivia, entre aquellos que aseguraron conocer la norma, es el segmento poblacional de 45 a 60 años es el que destaca por un nivel más alto de rechazo, con un 66% exigiendo la sustitución total de la norma.
En contraste, los jóvenes (18-28 años) que se formaron bajo la Ley 070, muestran un mayor apoyo a la continuidad de la norma (13%), aunque sigue siendo una cifra minoritaria frente al deseo general de cambio.
Modificación o adiós
Contar con una norma educativa clara y consensuada es vital para evitar la improvisación pedagógica. Sin embargo, el veredicto ciudadano es abrumador: 95% de los que dicen conocer la norma, exigen que ésta sea modificada o sustituida por una nueva.
Esta demanda de reforma es casi universal, aunque el enfoque varía geográficamente. Mientras La Paz lidera el pedido de una sustitución (53%), en Santa Cruz prefieren una reforma profunda sobre la base existente (50%).
Consecuencias para el mercado laboral y el sector empresarial
Para el sector empresarial, la permanencia de un modelo educativo que el mercado percibe como obsoleto tiene al menos dos consecuencias directas:
- Déficit de competencias técnicas: La falta de actualización en los currículos se traduce en jóvenes que ingresan al mercado laboral (el grupo de 18-28 años es el que menos conoce las implicaciones de la ley) sin las herramientas técnicas que las empresas modernas requieren.
- Costos de re-capacitación: Ante la debilidad del sistema estatal, las empresas se ven obligadas a invertir recursos adicionales en nivelar la formación básica de sus nuevos colaboradores, afectando la rentabilidad y la velocidad de adaptación al mercado.
El mercado laboral del 2026 demanda profesionales ágiles y técnicos. Si la norma educativa no evoluciona hacia la calidad y la pertinencia laboral, el sector privado seguirá enfrentando un «techo de cristal» en su crecimiento por la falta de capital humano preparado.
Hacia un nuevo contrato educativo
Como señalan los estándares internacionales, una ley educativa solo es efectiva si cuenta con la legitimidad de su sociedad. La Ley Avelino Siñani enfrenta hoy un desgaste estructural profundo. Entre el desconocimiento y la insatisfacción de los padres; los altos costos de una mano de obra poco calificada para las empresas; Bolivia se encuentra ante un mandato de cambio. La pregunta hoy no es si la ley debe cambiar, sino qué tan profunda será esa transformación para no quedar rezagados frente a los desafíos globales y de desarrollo económico.
